Comprar una propiedad en España 2026

Una compraventa sencilla de una vivienda de segunda mano puede formalizarse normalmente en un plazo aproximado de entre seis y doce semanas, aunque no existe un calendario único. La aprobación de la hipoteca, la tramitación del NIE, la legalización de documentos, los defectos de titularidad, las irregularidades urbanísticas, la existencia de inquilinos, una herencia pendiente, las deudas del vendedor o el calendario de construcción de una vivienda sobre plano pueden alargar el proceso.
Por tanto, la fecha de formalización solo debe fijarse una vez conocidas las condiciones jurídicas y financieras de la operación. Un plazo apresurado no sustituye una revisión jurídica completa.

Depende por completo de la redacción del acuerdo de reserva. El pago de una reserva es una práctica comercial, no un contrato regulado de forma única con reglas automáticas de reembolso.
El documento debe indicar en qué supuestos se devuelve el dinero, quién lo custodia, qué comprobaciones jurídicas deben superarse, qué ocurre si se deniega la financiación y cuándo se descontará del precio de compra. El comprador no debería transferir ningún depósito de reserva hasta que un abogado independiente haya revisado esas condiciones e identificado la cuenta receptora.

El resultado depende del tipo de arras y de las cláusulas pactadas. Si el contrato establece expresamente unas arras penitenciales conforme al artículo 1454 del Código Civil español, el comprador puede desistir perdiendo las arras y el vendedor puede hacerlo devolviendo el doble.
Las arras confirmatorias o penales pueden tener consecuencias distintas, incluida una reclamación para exigir el cumplimiento del contrato o una indemnización por daños y perjuicios. La regla de la devolución del doble nunca debe darse por supuesta, salvo que el contrato establezca claramente el régimen jurídico aplicable.

No es obligatorio, pero se recomienda encarecidamente contar con asesoramiento jurídico independiente, especialmente en el caso de compradores extranjeros. El agente inmobiliario interviene en el proceso de venta, el abogado del vendedor representa al vendedor y el notario actúa de forma imparcial.
Tu propio abogado revisa la titularidad, la situación urbanística, las deudas, los contratos, los impuestos, la forma de pago y las condiciones de formalización exclusivamente desde tu perspectiva. Esta independencia resulta especialmente importante antes de que el pago de una reserva o la firma de un contrato de arras genere un compromiso económico vinculante.

No. El notario verifica la identidad, la capacidad, la legalidad formal, la escritura y la información exigida en el momento de la firma, pero no sustituye la revisión jurídica o técnica independiente del comprador.
Las comprobaciones urbanísticas detalladas, la negociación del contrato, las restricciones al alquiler, los defectos físicos, la planificación fiscal internacional y la revisión de las condiciones comerciales del comprador deben completarse antes de acudir al notario. La escritura pública es la culminación de la operación, no el punto de partida de la revisión jurídica del comprador.

Sí. El comprador puede autorizar a un abogado español, mediante un poder notarial específico, para realizar muchas de las gestiones necesarias, como tramitar el NIE, firmar contratos, coordinar asuntos bancarios, otorgar la escritura pública, presentar los impuestos e inscribir el inmueble.
Si el poder se firma en el extranjero, puede requerir intervención notarial, apostilla o legalización y una traducción jurada al español. El documento debe conceder únicamente las facultades necesarias para la operación e incluir controles adecuados sobre los pagos y cualquier autorización relacionada con la hipoteca.

La revisión debe confirmar quién es el titular registral, la descripción del inmueble, la existencia de hipotecas, embargos, servidumbres, usufructos, arrendamientos, deudas con la comunidad, el IBI, la coherencia catastral y la capacidad del vendedor para transmitir la propiedad.
También debe analizar la legalidad urbanística, las licencias, las ampliaciones, la documentación de ocupación, la posible protección del inmueble, las restricciones aplicables a zonas rurales o costeras y el uso previsto para alquiler.
En las viviendas de obra nueva deben comprobarse por separado el promotor, la titularidad del terreno, la licencia de obras, la memoria de calidades, las condiciones de finalización y las garantías de las cantidades entregadas a cuenta.

Cuando el vendedor registral es una persona no residente sin establecimiento permanente en España, el comprador debe, con carácter general, retener el 3% de la contraprestación acordada e ingresarlo en la Agencia Tributaria mediante el modelo 211. El plazo de presentación es de un mes desde la fecha de la transmisión.
Esta retención constituye un pago a cuenta del impuesto sobre la ganancia patrimonial del vendedor no residente, y no una reducción adicional del precio en beneficio del comprador. La retención y su correspondiente justificación documental deben coordinarse en el momento de formalizar la compraventa.