(EFE).-El juez decano de los juzgados de Valencia, Pedro Viguer, ha abogado hoy por un Pacto de Estado que afronte los problemas de la Administración de Justicia, que según ha dicho camina "hacia el colapso" y en algunos juzgados, como los de lo Mercantil, los concursos de acreedores se han incrementado un 649,5 por ciento desde 2006.

Viguer ha hecho estas declaraciones durante la presentación en rueda de prensa de los datos estadísticos correspondientes al primer semestre del año, así como una comparativa retrospectiva (2006-2009) de todas las jurisdicciones, donde la crisis económica ha supuesto un incremento notable de asuntos, aunque no ha sido la única causa de sobrecarga de los juzgados.

El incremento del número de jueces en España para acercarlo a la media europea, el aumento del uno al tres por ciento de los Presupuestos Generales del Estado para Justicia y la adaptación de la carga de los juzgados a los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial son algunas de las reivindicaciones planteadas por Viguer.

En los juzgados de lo Mercantil de Valencia, los asuntos ingresados en el primer semestre de 2009 han sido 2.055, un 19,5 por ciento más que en el mismo periodo de 2008, y por clase de procedimiento la de concurso de acreedores es la que más ha crecido, un 649,5 por ciento para el periodo 2006-2009.

Asimismo, durante el primer semestre de 2009 se han registrado 341 concursos de acreedores frente a los 230 registrados en el mismo periodo de 2008, lo que significa un incremente del 48,3 por ciento.

Según Viguer, se estima que en 2009 cada uno de los tres juzgados de lo Mercantil de Valencia ingresará unos 1.370 asuntos, frente a los 350 que establece el módulo de entrada del CGPJ, lo que significa que cada juzgado ingresa lo equivalente a lo que debería ser la carga "ideal" de 3,9 juzgados.

En los juzgados de lo Social, el incremento de asuntos en el periodo 2006-2009 ha sido del 78,1 por ciento, y en el primer semestre de 2009 respecto al de 2008 del 19,4 por ciento. Se estima que cada uno de los 17 juzgados se ingresarán 1.866 asuntos, lo que supera en un 119,6 por ciento el módulo establecido de 850 asuntos por juzgado.

En estos juzgados, los asuntos por despidos han crecido el 179% en el periodo 2006-2009, y el 69,5% en el primer semestre de 2009 (con 10.776 despidos) respecto al mismo periodo de 2008 (3.861), mientras que los asuntos por invalidez se han reducido desde 2006 un 28,2% y en los primeros seis meses de este año un 22,3% respecto al anterior.

También en los juzgados de Primera Instancia no especializados se ha registrado un importante incremento de asuntos ingresados, del 33% en el primer semestre de 2009 respecto 2008, y del 74,2 por ciento en el periodo 2006-2009, y se estima que este año cada juzgado se repartirá 2.481 asuntos, lo equivalente a la carga que deberían llevar 2,5 juzgados.

La mayor entrada de asuntos se ha registrado en los procedimientos de ejecución hipotecaria, que ha sufrido un incremento del 426,2 por ciento para el periodo 2006-2009, y del 73,1 por ciento en el primer semestre de 2009 (792 asuntos) frente al mismo periodo de 2008 (con 456 asuntos).

Frente a estos incrementos, se ha registrado un descenso del 11 por ciento en los contenciosos por separaciones y divorcio y una bajada del 2,4 por ciento en las demandas de mutuo acuerdo, "algo que al parecer tiene que ver bastante con la crisis económica", según Viguer.

El juez decano ha señalado que si en Valencia se aplicaran de forma estricta los módulos de entrada de asuntos por juzgado establecidos por el CGPJ, el número de nuevos juzgados que haría falta sería de 38, pero ha considerado que el ritmo de creación de los mismos es "desesperadamente lento", ha señalado Viguer.

También ha considerado un número "ínfimo" e "irrisorio" los siete juzgados que el Ministerio de Justicia tiene previsto poner en marcha en la Comunitat Valenciana.

"La situación actualmente es peor y seguimos caminando hacia el colapso sin que se creen juzgados y se adopten medidas de refuerzo", ha señalado Pedro Viguer, quien ha agregado que si la justicia "es un servicio público esencial, tiene que haber un cambio de mentalidad inversora".

Se ha preguntado si no es una prioridad invertir en Justicia porque "no es rentable electoralmente", y ha abogado por un "Pacto de Estado de los principales partidos políticos que permita afrontar el problema de la administración de Justicia de cara a cinco o seis años".

"Queremos que la administración de Justicia deje de ser la gran olvidada de la transición democrática", ha señalado Viguer, quien ha indicado que si en materia de crisis económica los juzgados funcionaran con agilidad "repercutiría en beneficio de la agilidad del tráfico comercial y de la reducción de la morosidad, que es un grave lastre derivado de la crisis".